A cuatro años del combate a las pandillas, El Salvador vive entre el alivio y un nuevo temor
Comunidades salvadoreñas reconocen sentirse más seguras tras el fin del control territorial de las maras, aunque crecen las denuncias de detenciones sin pruebas y el temor a criticar públicamente al gobierno.
Han pasado cuatro años desde que El Salvador inició una ofensiva estatal sin precedentes contra las pandillas que durante décadas controlaron barrios enteros del país. En ese tiempo, el paisaje social salvadoreño cambió de manera notoria: los símbolos del dominio pandilleril desaparecieron de las calles y muchos vecinos afirman poder circular con una tranquilidad que antes era impensable.
Un recorrido por distintas comunidades del país permitió recoger testimonios de personas que describen un alivio genuino. Relatan que ya no deben pagar extorsiones para trabajar, moverse entre barrios o mantener sus comercios abiertos, y que el temor cotidiano a la violencia pandilleril prácticamente se disipó en sus vidas diarias.
Sin embargo, ese mismo recorrido reveló otra cara de la transformación. Varias madres aseguran que sus hijos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción sin que existieran pruebas concretas en su contra, y que desde entonces enfrentan un proceso judicial marcado por la incertidumbre y la falta de información oficial sobre su situación.
A esa preocupación se suma un fenómeno menos visible pero igual de significativo: el miedo a hablar. Vecinos consultados señalan que hoy evitan expresar críticas abiertas hacia el gobierno, por temor a represalias, en un clima que muchos describen como cada vez más autoritario.
El resultado es un país donde conviven dos sensaciones opuestas. Por un lado, la percepción de haber recuperado espacios públicos antes vetados por el crimen organizado; por otro, la aparición de un temor distinto, ligado ahora al poder del Estado y no al de las pandillas.
Estas voces, recogidas a cuatro años del inicio de la ofensiva, reflejan un debate que sigue abierto en El Salvador sobre el costo social de la estrategia de seguridad y sus efectos duraderos en la vida cotidiana de las comunidades.
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