Alcalde de Cali afirmó que la reconstrucción tras el terremoto podría completarse en dos años y criticó al Gobierno Petro
El mandatario local aseguró que los trabajos de recuperación en la ciudad colombiana avanzan más rápido de lo previsto, mientras el Gobierno nacional entregó viviendas y anunció nuevas ayudas para las familias damnificadas.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, conocido públicamente como De la Espriella en las últimas coberturas, sorprendió al asegurar que el plazo estimado para reconstruir por completo la ciudad tras el terremoto podría acortarse a solo dos años, un plazo considerablemente menor al que se manejaba en los primeros anuncios oficiales tras la catástrofe.
El funcionario aprovechó la ocasión para lanzar una dura crítica contra la gestión del Gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro, al que acusó de lentitud en la respuesta inicial frente a la emergencia. Según sus declaraciones, la demora en la puesta en marcha de las labores de reconstrucción se debió a la falta de compromiso de algunos funcionarios, a quienes calificó de "vagos" y "un poco flojos".
Pese al cruce político, el propio Gobierno central informó avances concretos en las últimas horas: se realizó la entrega de viviendas a un grupo de familias que perdieron sus hogares a raíz del sismo, en el marco de un plan de asistencia habitacional que busca dar respuesta rápida a los sectores más golpeados.
Además de las viviendas ya entregadas, las autoridades nacionales anunciaron la puesta en marcha de ayudas adicionales destinadas a complementar los subsidios existentes, aunque no se precisaron montos exactos ni la cantidad total de familias que serán beneficiadas en esta nueva etapa del programa.
El anuncio se da en simultáneo con la confirmación oficial de que las labores de reconstrucción en la ciudad ya se encuentran en marcha, luego de un período de evaluación de daños y planificación técnica que había generado reclamos por parte de sectores locales que exigían mayor celeridad.
Los terremotos que afectan a Colombia suelen dejar secuelas profundas en las economías locales, especialmente en ciudades densamente pobladas como Cali, donde miles de familias de bajos recursos habitan viviendas informales o construidas sin normas sismorresistentes estrictas. Esto vuelve más compleja y costosa cualquier tarea de reconstrucción.
En este tipo de contextos, las tensiones entre gobiernos locales y nacionales no son inusuales: los alcaldes suelen reclamar mayor autonomía y rapidez en la asignación de recursos, mientras que los gobiernos centrales argumentan que los procesos de evaluación técnica y logística requieren tiempo para evitar irregularidades en la distribución de ayudas.
Para la comunidad latina en Estados Unidos, este tipo de episodios resuena especialmente entre quienes tienen familiares o propiedades en Colombia, ya que muchos migrantes colombianos envían remesas que en momentos de catástrofe suelen destinarse a la reconstrucción de viviendas o al sostén de parientes damnificados.
El cruce entre el alcalde y el Gobierno nacional también se enmarca en un clima político colombiano ya de por sí polarizado, donde los desastres naturales suelen convertirse en un nuevo escenario de disputa entre distintos sectores políticos, más allá de la urgencia humanitaria que representan para los afectados.
Mientras tanto, las familias que aguardan una solución habitacional definitiva permanecen atentas a los próximos anuncios, en momentos en que tanto el Gobierno nacional como la administración local buscan mostrar resultados concretos frente a una emergencia que sigue marcando la agenda pública en Cali.
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