Murió la bebé colombiana cuya familia reclamaba con urgencia un traslado de Neiva a Bogotá
Luciana Rojas, de 8 meses, falleció mientras permanecía internada en cuidados intensivos. Sus padres habían pedido públicamente que la Nueva EPS agilizara la remisión a la capital y llegaron a solicitar la intervención del presidente Abelardo de la Espriella.
La familia de Luciana Rojas, una bebé colombiana de apenas 8 meses, confirmó su fallecimiento luego de varios días de lucha en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. La noticia puso fin a una historia que había generado conmoción en Colombia, luego de que sus padres denunciaran públicamente las demoras en el sistema de salud para autorizar su traslado a un centro médico de mayor complejidad en Bogotá.
Según había trascendido en los días previos, el estado de salud de la menor se deterioraba rápidamente mientras esperaba una definición sobre su remisión. Los padres de Luciana insistían en que su cuadro clínico requería atención especializada que, según ellos, no podía garantizarse en la capital huilense, por lo que reclamaban con urgencia el traslado a un hospital de la capital del país.
El reclamo principal de la familia apuntaba a la Nueva EPS, la entidad promotora de salud a la que estaba afiliada la bebé, a la que responsabilizaban por la falta de celeridad en la gestión del traslado. En redes sociales y ante medios locales, los padres relataron el desgaste de días de espera y gestiones administrativas mientras la salud de su hija se agravaba hora a hora.
Ante la falta de respuestas que consideraban satisfactorias, la familia decidió elevar su pedido a la más alta esfera del poder político: solicitaron públicamente la intervención directa del presidente Abelardo de la Espriella, en un gesto que reflejaba tanto la desesperación por salvar la vida de la niña como la percepción de que los canales institucionales ordinarios no estaban respondiendo con la urgencia necesaria.
El caso de Luciana Rojas se suma a una larga lista de denuncias que en los últimos años han visibilizado las falencias del sistema de salud colombiano, particularmente en lo referido a las llamadas 'remisiones' entre ciudades. Estas gestiones, que implican el traslado de un paciente crítico desde un centro médico regional hacia uno de mayor capacidad tecnológica, suelen depender de trámites administrativos entre EPS, IPS y aseguradoras que, en casos de extrema urgencia, pueden tomar un tiempo que los pacientes no siempre tienen.
Colombia cuenta con un sistema de salud que combina aseguramiento público y privado a través de las EPS, entidades que han sido objeto de fuertes críticas y de una profunda reforma impulsada en los últimos gobiernos por las demoras en autorizaciones, la escasez de camas de cuidados intensivos pediátricos en ciudades intermedias y la centralización de la atención especializada en Bogotá, Medellín y Cali. Para muchas familias del interior del país, como la de Luciana, un traslado oportuno puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Este tipo de casos también resuena entre la comunidad latina en Estados Unidos, donde muchas familias con parientes en Colombia y otros países de la región siguen de cerca las noticias sobre el sistema sanitario de sus países de origen, y donde el contraste con el acceso a la salud en el país norteamericano suele ser motivo de debate sobre migración, remesas para tratamientos médicos y la búsqueda de atención especializada fuera de fronteras.
Por el momento, no se han conocido declaraciones oficiales de la Nueva EPS ni de la Presidencia de la República sobre el desenlace fatal del caso, que había captado la atención de medios y usuarios de redes sociales en los días previos al fallecimiento de la bebé. La familia, por su parte, no ha realizado hasta el momento declaraciones adicionales tras confirmar la muerte de Luciana.
El caso reabre el debate sobre la necesidad de mecanismos más ágiles y transparentes para las remisiones médicas urgentes en Colombia, especialmente cuando se trata de pacientes pediátricos en estado crítico, y sobre el rol que deben cumplir tanto las entidades de salud como el propio Estado a la hora de garantizar respuestas rápidas frente a emergencias que no dan espera.
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