Nuevo presidente de Colombia da por terminada la era de la "paz total" con los grupos armados
El mandatario colombiano anunció el cierre definitivo de la estrategia de negociación heredada del gobierno anterior y advirtió que su administración no otorgará estatus político a los grupos criminales armados.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró formalmente concluida la política conocida como la "paz total", impulsada durante el gobierno anterior, al calificarla de una "falsa paz" que no logró desmantelar a las estructuras armadas ilegales que operan en el país.
En su declaración, el jefe de Estado fue categórico al señalar que su administración no reconocerá estatus político a ninguna organización criminal, una postura que marca un giro respecto al enfoque negociador que caracterizó a la gestión precedente y que buscaba abrir espacios de diálogo con distintas facciones armadas.
De la Espriella esbozó dos únicos caminos posibles para quienes integran estas estructuras: el sometimiento a la justicia ordinaria o el enfrentamiento directo con la fuerza pública. Según explicó, no habrá una tercera vía intermedia que permita a los grupos armados negociar beneficios políticos o jurídicos especiales.
El anuncio representa un quiebre respecto a la estrategia de "paz total" que había buscado, con resultados desiguales, sentar en la mesa a disidencias de las FARC, al ELN y a otras estructuras del crimen organizado que se disputan territorios y economías ilícitas en distintas regiones del país.
Para comprender el alcance de este anuncio conviene recordar que Colombia arrastra más de seis décadas de conflicto armado interno, y que el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, si bien redujo significativamente la violencia, no puso fin a la actividad de disidencias ni al surgimiento de nuevas economías criminales ligadas al narcotráfico y la minería ilegal.
El debate sobre el estatus político de los grupos armados no es menor: en la tradición jurídica colombiana, reconocer ese carácter a una organización abre la puerta a penas alternativas y a la eventual participación en la vida política del país, algo que sectores críticos consideraron un incentivo perverso durante los años de la "paz total".
Este viraje también se produce en un contexto regional donde Washington observa con atención la situación de seguridad en Colombia, históricamente uno de los principales socios de Estados Unidos en la lucha antinarcóticos en América Latina, y donde cualquier cambio de estrategia interna repercute en la cooperación bilateral en materia de seguridad y comercio.
Para la comunidad colombiana radicada en Estados Unidos, que sigue de cerca la evolución del conflicto y mantiene fuertes lazos familiares y económicos con el país, el anuncio del nuevo mandatario reaviva un debate de fondo: si la vía del sometimiento judicial y el uso de la fuerza logrará, a diferencia de anteriores intentos negociadores, reducir de manera sostenida la violencia en zonas rurales golpeadas históricamente por el conflicto.
El gobierno de De la Espriella no precisó aún el cronograma ni los mecanismos concretos mediante los cuales se implementará esta nueva doctrina de seguridad, aunque se espera que en las próximas semanas se conozcan detalles sobre el rol que tendrán las Fuerzas Militares y la Fiscalía en la aplicación de este enfoque.
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