Reclaman al gobierno de Delcy Rodríguez que actualice el conteo de muertos y desaparecidos tras los sismos en Venezuela
Organizaciones y familiares exigen transparencia luego de que el chavismo modificara sin explicaciones la frecuencia y el método de los reportes oficiales sobre las víctimas de los recientes terremotos.
Distintas voces dentro de Venezuela y organizaciones de derechos humanos han elevado el reclamo al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez para que retome la publicación regular de cifras sobre fallecidos y personas desaparecidas tras los terremotos que sacudieron al país. La exigencia surge luego de que las autoridades dejaran de emitir el balance semanal que venían difundiendo desde el inicio de la emergencia.
Según se ha denunciado, el régimen chavista alteró sin dar razones ni comunicados oficiales la periodicidad con la que se venían actualizando los partes informativos. Ese cambio abrupto en la manera de elaborar y difundir los datos generó desconcierto entre familiares de víctimas y organizaciones que hacen seguimiento de la crisis, quienes ahora enfrentan un vacío de información en un momento crítico.
El hecho más concreto que ha encendido las alarmas es que el balance correspondiente a esta semana directamente no fue publicado, algo que rompe con la dinámica que el propio gobierno había instaurado tras el desastre. Esta ausencia de actualización deja a la población sin certezas sobre la evolución real del número de víctimas fatales y de las personas que aún no han sido localizadas.
La falta de un reporte oficial actualizado no es un detalle menor: en situaciones de catástrofe natural, los balances periódicos de muertos y desaparecidos son la herramienta principal que tienen las familias, los equipos de rescate y las organizaciones humanitarias para coordinar la búsqueda de sobrevivientes, identificar cuerpos y dimensionar la magnitud de la tragedia. Cualquier interrupción o cambio en esos protocolos alimenta la incertidumbre y dificulta la planificación de la respuesta.
Este episodio se suma a un patrón que organismos internacionales y medios independientes han señalado repetidamente sobre el manejo de la información pública en Venezuela: la opacidad o el control estricto de los datos oficiales en momentos de crisis, ya sea por emergencias sanitarias, económicas o naturales. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, el chavismo también fue cuestionado por discrepancias entre las cifras oficiales y los conteos independientes de contagios y muertes.
Para la comunidad venezolana que vive fuera del país, incluidos los millones de migrantes y exiliados en Estados Unidos y otros puntos de América Latina, este tipo de episodios refuerza la desconfianza hacia las instituciones oficiales y complica aún más la posibilidad de obtener información fidedigna sobre familiares y allegados que permanecen en el territorio afectado por los sismos. La diáspora venezolana suele depender de canales alternativos, redes sociales y organizaciones civiles para reconstruir un panorama más certero de lo que ocurre puntualmente en zonas de desastre.
Las organizaciones que exigen la actualización de los datos sostienen que la transparencia informativa es un derecho básico de la población afectada, especialmente en un contexto donde la infraestructura y los servicios de emergencia ya enfrentan limitaciones estructurales previas a cualquier catástrofe natural. La ausencia de cifras claras también dificulta que la comunidad internacional pueda dimensionar la ayuda humanitaria necesaria.
Hasta el momento, no se ha ofrecido una explicación pública por parte del gobierno sobre los motivos del cambio en la periodicidad de los reportes ni sobre la falta de publicación del último balance. Esta situación mantiene en vilo tanto a las familias de posibles víctimas como a quienes siguen de cerca la evolución de la emergencia desde distintos puntos del país y del exterior.
El reclamo por una mayor transparencia se enmarca, además, en un clima político más amplio de tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición y la sociedad civil, que han cuestionado de manera reiterada el manejo de información sensible por parte del Estado venezolano en distintos ámbitos.
Te puede interesar
Trump vincula el fin de la guerra con Irán a la baja del precio de la gasolina tras las elecciones de noviembre
España crea una oficina interna contra la desinformación climática tras un verano de récords históricos
