A un mes del terremoto en Colombia, miles de damnificados en Pereira siguen sin techo propio
Un mes después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió el eje cafetero colombiano, gran parte de las familias afectadas en Pereira continúa viviendo en refugios improvisados o en casas de familiares, mientras la reconstrucción avanza con lentitud.
Ha pasado exactamente un mes desde que un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el territorio colombiano, y en ciudades como Pereira, una de las más golpeadas por el movimiento telúrico, la vida de miles de familias sigue lejos de la normalidad. Lo que en un principio se presentó como una emergencia transitoria se ha transformado en una crisis habitacional sostenida, con personas que aún no tienen certeza sobre cuándo podrán regresar a una vivienda segura.
El enviado especial de France 24, Maxime Pluvinet, recorrió Pereira para relevar de primera mano la situación de los damnificados. Su reporte describe un panorama en el que gran parte de la población afectada permanece en refugios improvisados, muchos de ellos montados en espacios públicos, parques o predios cedidos temporalmente, a la espera de definiciones sobre la reconstrucción de sus hogares o la entrega de ayudas oficiales.
Otra porción significativa de los afectados ha optado por instalarse en casas de familiares y amigos, una solución que si bien evita la precariedad de los albergues, genera hacinamiento y tensiones económicas en los hogares receptores, que de un día para otro deben sostener a más personas de las previstas con los mismos ingresos y recursos.
Pereira, capital del departamento de Risaralda y corazón del eje cafetero colombiano, es una de las ciudades intermedias más importantes del país, con una economía ligada al comercio, los servicios y la producción de café. El sismo no solo afectó viviendas residenciales, sino que también impactó en la actividad comercial y en la infraestructura urbana, lo que agrava las consecuencias económicas para una región que depende en buena medida de su dinamismo local para sostener empleos.
Colombia se ubica en una zona de alta actividad sísmica debido a la confluencia de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Sudamericana, lo que convierte al eje cafetero en una de las regiones históricamente más vulnerables a este tipo de fenómenos. Armenia, en el vecino departamento del Quindío, sufrió un terremoto devastador en 1999 que dejó miles de muertos y marcó profundamente la política de gestión de riesgos del país, un antecedente que resurge cada vez que se produce un nuevo evento sísmico de magnitud considerable.
La lentitud en los procesos de reconstrucción tras catástrofes naturales es un fenómeno recurrente en América Latina, donde la burocracia estatal, la falta de recursos y las dificultades para verificar daños estructurales suelen retrasar la entrega de subsidios de vivienda o materiales de construcción. Esto explica por qué, incluso un mes después del evento, buena parte de la población damnificada continúa en una situación de provisionalidad que se prolonga más de lo esperado.
Para la comunidad colombiana en el exterior, incluidos los numerosos migrantes que residen en Estados Unidos, este tipo de emergencias suele traducirse en un aumento de las remesas enviadas a familiares afectados, así como en campañas de recolección de fondos y donaciones organizadas desde ciudades con alta concentración de colombianos, como Miami, Nueva York o Houston. La diáspora actúa muchas veces como una red de contención informal que complementa —y en ocasiones suple— la respuesta estatal.
El caso de Pereira también pone en evidencia un debate más amplio sobre la preparación de las ciudades latinoamericanas frente a desastres naturales: la necesidad de actualizar códigos de construcción, reforzar la infraestructura crítica y contar con planes de contingencia habitacional que permitan una transición más rápida entre la emergencia inmediata y la reconstrucción definitiva.
Mientras tanto, en Pereira la prioridad para las autoridades locales y nacionales sigue siendo doble: garantizar refugio digno a quienes lo necesitan en el corto plazo y avanzar en la evaluación estructural de las viviendas dañadas para determinar cuáles pueden repararse y cuáles deberán reconstruirse por completo, un proceso que, según reflejó el reporte desde el terreno, todavía está lejos de completarse.
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