Cataluña abre expediente sancionador a Glovo por seguir repartiendo durante la alerta roja por calor
La Inspección de Trabajo catalana considera que la plataforma incurrió en una falta grave al no suspender los repartos el 8 de julio, jornada en la que regía la alerta máxima por altas temperaturas.
La Inspección de Trabajo de Cataluña inició un proceso sancionador contra la plataforma de reparto Glovo luego de que la empresa mantuviera su actividad con normalidad durante una jornada de alerta roja por calor extremo. El organismo entiende que la compañía habría cometido una falta grave al no adoptar medidas para frenar o limitar el trabajo de los repartidores en condiciones climáticas de riesgo.
El foco del expediente está puesto en lo ocurrido el 8 de julio, día en el que las autoridades meteorológicas catalanas habían decretado el nivel de alerta más alto por altas temperaturas en buena parte del territorio. Pese a esa advertencia oficial, según la Inspección, Glovo no interrumpió ni reorganizó su operativa de reparto, exponiendo a los trabajadores a desplazarse y cumplir entregas bajo el sol y con termómetros en niveles considerados peligrosos para la salud.
La calificación de falta grave implica que la empresa podría enfrentar sanciones económicas, aunque el monto final dependerá de cómo avance el expediente administrativo y de la resolución que finalmente adopte la autoridad laboral. Este tipo de procesos suele incluir una etapa de alegaciones por parte de la empresa investigada antes de que se determine una sanción firme.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la situación laboral de los repartidores de aplicaciones como Glovo, Uber Eats o Deliveroo, muchos de los cuales trabajan bajo esquemas de autónomos o falsos autónomos que, según sindicatos y organizaciones laborales, dejan un vacío en la protección ante riesgos climáticos extremos. A diferencia de un empleado con contrato tradicional, un repartidor por aplicación no siempre cuenta con mecanismos claros para negarse a trabajar sin perder ingresos cuando las condiciones son adversas.
España, al igual que buena parte del sur de Europa, atraviesa en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, un fenómeno que los especialistas vinculan al cambio climático. Esto ha llevado a distintas comunidades autónomas a reforzar protocolos de protección para trabajadores que desarrollan tareas al aire libre, como la construcción, la agricultura o, justamente, el reparto a domicilio, estableciendo restricciones horarias o la obligación de suspender actividades cuando se declaran alertas de máximo nivel.
El sector del reparto por aplicaciones emplea a decenas de miles de personas en España, y una porción significativa de esa fuerza laboral está compuesta por migrantes latinoamericanos, muchos de los cuales ven en estas plataformas una vía rápida de acceso al mercado laboral europeo. Para esta comunidad, discusiones como la que ahora enfrenta Glovo no son un tema abstracto: se trata de condiciones que impactan directamente en su salud y en su estabilidad económica, especialmente cuando dependen exclusivamente de los ingresos por entregas realizadas.
En los últimos años, Glovo ya había enfrentado en España distintos cuestionamientos judiciales y administrativos vinculados a la relación laboral con sus repartidores, en el marco de la llamada Ley Rider, una normativa que buscó reconocer como empleados a quienes trabajan para estas plataformas de reparto, en lugar de considerarlos autónomos independientes. Ese marco legal es, precisamente, el que habilita a organismos como la Inspección de Trabajo a intervenir cuando se detectan irregularidades vinculadas a las condiciones de trabajo.
Por el momento, el expediente sancionador se encuentra en una etapa inicial y no se conoce públicamente una respuesta formal de la empresa ante los señalamientos de la autoridad laboral catalana. Se espera que en las próximas semanas Glovo pueda presentar sus descargos, en un proceso que podría derivar tanto en una sanción económica como en el archivo del caso, según cómo se resuelvan las evidencias reunidas por los inspectores.
El desenlace de este expediente podría sentar un precedente relevante para la manera en que las plataformas de delivery gestionan los riesgos climáticos en España, en momentos en que las olas de calor extremo se vuelven un desafío recurrente durante los meses de verano en el sur de Europa.
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