Chile revive la memoria del golpe de 1973 en medio de la polémica por la postura de Kast
El presidente electo José Antonio Kast decidió no organizar actos oficiales por el aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende, lo que desató protestas y conmemoraciones ciudadanas en distintas ciudades del país.
Chile volvió a poner en el centro del debate público uno de los episodios más determinantes de su historia reciente, luego de que el mandatario José Antonio Kast confirmara que su gobierno no organizará ceremonias oficiales para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende. La decisión generó una ola de manifestaciones y actos espontáneos de memoria en distintas ciudades, impulsados por organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y sectores de la oposición política.
Kast defendió públicamente su postura argumentando que el país debe "mirar hacia el futuro", en lugar de detenerse en fechas que, según su visión, profundizan divisiones históricas dentro de la sociedad chilena. El mandatario evitó pronunciarse sobre los hechos puntuales del 11 de septiembre de 1973, fecha en que las Fuerzas Armadas, encabezadas por Augusto Pinochet, derrocaron al gobierno constitucional de Allende e instauraron una dictadura que se extendería por 17 años.
La ausencia de una ceremonia estatal fue interpretada por diversos sectores como un gesto político de alto voltaje simbólico, en un país donde la memoria sobre la dictadura sigue siendo un asunto sensible y no resuelto del todo en el debate público. Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y representantes de partidos de izquierda expresaron su rechazo a la medida, calificándola como un intento de minimizar un capítulo central de la historia democrática chilena.
En las calles de Santiago y otras ciudades del país se registraron marchas, vigilias y actos culturales organizados de manera independiente, sin respaldo institucional, en los que participaron sobrevivientes de la represión, activistas y ciudadanos que buscaron mantener viva la conmemoración pese a la falta de una convocatoria oficial. Estas actividades reflejan una tensión de larga data entre distintas visiones sobre cómo Chile debe procesar su pasado reciente.
El golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura militar dejaron un saldo de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, según han documentado sucesivas comisiones de verdad creadas tras el retorno a la democracia en 1990. Informes como el de la Comisión Rettig y la Comisión Valech establecieron cifras oficiales de ejecutados, desaparecidos y torturados, consolidando una narrativa de Estado que, durante más de tres décadas, incluyó actos conmemorativos oficiales cada aniversario.
El debate sobre cómo recordar el golpe no es nuevo en Chile. Cada gobierno, independientemente de su signo político, ha enfrentado presiones para definir el tono de las conmemoraciones, en un país donde una parte de la sociedad todavía defiende o minimiza el rol de la dictadura, mientras otra exige memoria activa y justicia plena para las víctimas. La llegada de Kast al poder, proveniente de un sector político con vínculos históricos a posiciones más conservadoras respecto a la dictadura, añadió una capa adicional de sensibilidad a esta discusión.
Para la comunidad chilena residente en el exterior, incluyendo miles de personas que emigraron a Estados Unidos y otros países como exiliados políticos durante la dictadura o en sus años posteriores, estas fechas conservan un peso emocional particular. Organizaciones de la diáspora chilena en ciudades como Washington D.C., Nueva York y Miami suelen replicar actos de memoria en fechas cercanas al aniversario, lo que convierte a esta polémica en un tema seguido de cerca también fuera de las fronteras chilenas.
La discusión también se inserta en un contexto regional más amplio, en el que varios países de América Latina continúan revisando y disputando el significado de sus propios pasados autoritarios, desde Argentina hasta Brasil, en medio de un clima político donde ciertos liderazgos de derecha han cuestionado abiertamente los consensos históricos construidos en democracia sobre las dictaduras del siglo XX.
Analistas políticos chilenos señalan que la postura de Kast podría marcar un punto de inflexión en la forma en que el Estado aborda estas conmemoraciones durante su gestión, en momentos en que el país atraviesa también otros debates de fondo, como la discusión constitucional y las políticas de seguridad, que han desplazado parcialmente la centralidad histórica que solía tener el tema de los derechos humanos en la agenda pública chilena.
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