Congresista colombiana acusa que decreto post-terremoto esconde plan para construir cárceles
María del Mar Pizarro denunció que el decreto de emergencia firmado tras el sismo del 10 de agosto incluiría una cláusula para ampliar infraestructura penitenciaria, en lugar de destinarse exclusivamente a atender a los damnificados.
La representante a la Cámara María del Mar Pizarro encendió una polémica política en Colombia al señalar que el decreto de emergencia expedido por el Gobierno tras el terremoto del 10 de agosto contendría un artículo ajeno al objetivo declarado de auxiliar a las víctimas del movimiento telúrico.
Según explicó la legisladora, el texto normativo firmado bajo la responsabilidad del funcionario Abelardo de la Espriella habilitaría la construcción de nueva infraestructura carcelaria con mayor capacidad de reclusión, un punto que, a su juicio, no guarda relación directa con la emergencia humanitaria que motivó el decreto.
Pizarro sostuvo que ese tipo de obras, si realmente son necesarias, deberían financiarse a través del presupuesto ordinario de la Nación y no camufladas dentro de una norma de excepción pensada para atender a los afectados por el sismo. La congresista calificó la inclusión de esa disposición como un presunto "mico", término coloquial usado en Colombia para referirse a cláusulas que se cuelan en normas sin relación con su propósito central.
La denuncia se suma a una larga tradición de señalamientos similares en el Congreso colombiano, donde distintos sectores políticos han advertido en el pasado sobre la práctica de insertar artículos específicos dentro de leyes o decretos de amplio alcance, aprovechando la premura o la atención mediática puesta en otro asunto.
Los decretos de emergencia, en el ordenamiento jurídico colombiano, permiten al Ejecutivo tomar medidas extraordinarias cuando se declara un estado de excepción, como ocurre tras catástrofes naturales. Sin embargo, ese tipo de instrumentos suele estar sometido a un control posterior de la Corte Constitucional, que revisa si las medidas adoptadas guardan conexidad directa con los hechos que originaron la declaratoria.
El terremoto del 10 de agosto generó preocupación en distintas regiones del país por sus efectos sobre viviendas, vías e infraestructura pública, lo que llevó al Gobierno a activar mecanismos extraordinarios para canalizar recursos hacia la atención de emergencias. En ese contexto, cualquier uso de fondos que no esté directamente vinculado a la asistencia humanitaria suele generar cuestionamientos, tanto de la oposición como de organizaciones de control.
La situación penitenciaria en Colombia es, de por sí, un tema sensible: el sistema carcelario del país arrastra desde hace años problemas de hacinamiento crónico, señalados incluso por la Corte Constitucional como un "estado de cosas inconstitucional". Por eso, cualquier anuncio de nueva infraestructura carcelaria suele despertar debate público, más allá del contexto en que se anuncie.
La denuncia de Pizarro abre además un frente de discusión sobre la transparencia en el manejo de los decretos de excepción, un mecanismo que otorga al Ejecutivo poderes especiales pero que, según sus críticos, debe estar sujeto a un escrutinio riguroso para evitar que se utilice con fines distintos a los que justificaron su expedición.
Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial de Abelardo de la Espriella ni del Gobierno colombiano frente a las afirmaciones de la congresista, por lo que se espera que en los próximos días se produzcan aclaraciones o eventuales modificaciones al texto del decreto cuestionado.
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