Contraloría de Colombia alerta por deuda millonaria de las EPS con hospitales y proveedores
Un informe oficial reveló que la cartera pendiente de las aseguradoras de salud llegó a $58 billones, mientras la mayoría cerró 2025 en números rojos pese a las intervenciones estatales.
La Contraloría General de la República de Colombia encendió las alarmas sobre la salud financiera del sistema de aseguramiento en salud, luego de que un informe oficial estableciera que la deuda acumulada de las EPS con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos alcanzó la cifra de $58 billones de pesos. El dato confirma un deterioro sostenido en las cuentas del sector, que desde hace varios años arrastra tensiones por falta de liquidez.
Según el organismo de control, la mayoría de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que operan en el país cerró el ejercicio de 2025 con pérdidas, lo que agrava el panorama de un sistema que depende en gran medida del flujo constante de recursos entre el Estado, las aseguradoras y la red de prestadores. Esta situación no es puntual, sino que se enmarca en una tendencia que los analistas vienen señalando desde hace tiempo, vinculada a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) frente al costo real de la atención médica.
Uno de los puntos más críticos del informe tiene que ver con la eficacia de las medidas correctivas aplicadas por el Estado. La Contraloría remarcó que las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud sobre seis EPS puntuales no lograron revertir ni mejorar de manera sustancial la situación financiera de esas entidades. Esto pone en duda la capacidad regulatoria del organismo para sanear cuentas una vez que una aseguradora entra en un estado de vigilancia especial o intervención forzosa.
Las intervenciones administrativas suelen decretarse cuando una EPS presenta indicadores de riesgo financiero, deficiencias en la prestación del servicio o incumplimientos reiterados en el pago a la red de prestadores. Sin embargo, el hallazgo de la Contraloría sugiere que, en varios casos, estas medidas funcionaron más como una contención temporal que como una solución estructural al problema de fondo, que sigue siendo la brecha entre ingresos y gastos del sistema.
Para dimensionar la magnitud del problema, vale recordar que el sistema de salud colombiano funciona bajo un esquema de aseguramiento mixto, en el que las EPS reciben recursos públicos para administrar la atención de sus afiliados y, a su vez, deben pagarles a hospitales, clínicas, laboratorios y farmacias por los servicios prestados. Cuando esa cadena de pagos se rompe o se retrasa, el efecto se traslada directamente a la red hospitalaria, que enfrenta dificultades para sostener su operación, comprar insumos o pagar salarios al personal médico.
Este tipo de crisis financiera no es exclusiva de Colombia: en distintos países de América Latina, los sistemas de salud basados en aseguradoras intermediarias han mostrado vulnerabilidades similares, especialmente en contextos de alta inflación médica, envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades crónicas que elevan los costos de atención. La sostenibilidad de estos modelos suele ser motivo de debate político y técnico, ya que cualquier ajuste impacta tanto a los usuarios como a los trabajadores de la salud.
Para la comunidad latina en Estados Unidos, este tipo de noticias resuena de manera particular, ya que muchos migrantes mantienen vínculos familiares y económicos con sus países de origen y siguen de cerca la situación de los sistemas de salud locales, especialmente quienes planean regresar, enviar remesas para gastos médicos de sus familiares o simplemente informarse sobre la realidad social y económica de sus naciones.
El informe de la Contraloría llega en un momento de fuerte debate público en Colombia sobre una eventual reforma estructural al sistema de salud, que ha generado discusiones entre el Gobierno, el Congreso, los gremios médicos y las propias EPS. La cifra de $58 billones en deuda se convierte así en un argumento central tanto para quienes defienden un cambio profundo en el modelo de aseguramiento como para quienes piden fortalecer los mecanismos de control existentes antes de avanzar hacia una transformación integral.
Por ahora, el organismo de control no ha detallado públicamente qué medidas adicionales recomendará para enfrentar la crisis, aunque el precedente de las seis EPS intervenidas sin mejoras visibles plantea interrogantes sobre la efectividad de continuar aplicando el mismo tipo de herramientas regulatorias. La situación seguirá bajo la lupa de los organismos de control y del propio Ministerio de Salud en los próximos meses.
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