Corcho critica que el decreto de emergencia por el sismo en Colombia incluya la construcción de megacárceles
La senadora del Pacto Histórico cuestionó que las medidas de excepción tras el terremoto contemplen la edificación de nuevas prisiones y pidió que el Congreso sesione en las zonas afectadas para fiscalizar la respuesta del Gobierno.
La senadora colombiana Carolina Corcho, integrante de la bancada del Pacto Histórico, salió al cruce de una de las medidas incluidas en el decreto de emergencia declarado por el Gobierno tras el reciente terremoto que afectó a distintas regiones del país. La legisladora cuestionó públicamente por qué entre las disposiciones de excepción se incluyó la construcción de megacárceles, una decisión que consideró ajena a la naturaleza de la catástrofe natural.
"¿Qué tienen que ver las megacárceles con la atención de una emergencia por terremoto?", fue la pregunta que planteó Corcho, en referencia a la inclusión de este tipo de infraestructura penitenciaria dentro del paquete de medidas extraordinarias que el Ejecutivo puede aplicar bajo el estado de excepción. La senadora consideró que estas facultades deberían destinarse exclusivamente a resolver las necesidades inmediatas de las comunidades damnificadas, y no a proyectos que, a su juicio, no guardan relación directa con la reconstrucción ni con la asistencia humanitaria.
En ese sentido, Corcho solicitó formalmente que el Congreso de la República convoque sesiones especiales fuera de la capital, específicamente en las ciudades de Bogotá, Quibdó, Pereira, Cali y Manizales. La propuesta busca que los legisladores puedan constatar de manera directa en el terreno el estado de avance de la atención a las comunidades afectadas por el sismo, además de ejercer un control político más riguroso sobre las decisiones que viene tomando el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia declarada.
La iniciativa de la senadora se enmarca en la facultad constitucional que tiene el Congreso colombiano de trasladar sus sesiones a distintas regiones del país cuando existan razones que lo justifiquen, especialmente en contextos de crisis humanitaria o desastres naturales de gran magnitud. Con esta medida, Corcho busca garantizar que la fiscalización parlamentaria no quede limitada a los informes que presente el Gobierno nacional desde Bogotá, sino que se realice con presencia física en las zonas más golpeadas por el desastre.
Los estados de excepción por desastre o calamidad pública son una herramienta constitucional que permite a los gobiernos latinoamericanos tomar medidas extraordinarias con rapidez, incluyendo la reasignación de partidas presupuestarias, la contratación directa sin los procesos habituales de licitación y la suspensión temporal de ciertas normas administrativas. Si bien estos mecanismos existen para agilizar la respuesta ante emergencias, también han sido históricamente objeto de controversia en la región por el riesgo de que se utilicen para avanzar agendas que exceden el objetivo original de la declaratoria.
En el caso colombiano, el debate sobre la infraestructura carcelaria no es nuevo. El país enfrenta desde hace años una crisis estructural de hacinamiento en sus centros penitenciarios, un problema que organismos de derechos humanos y la propia Corte Constitucional han calificado en múltiples ocasiones como una situación de emergencia dentro del sistema judicial. Por eso, la aparición de este tema en medio de una declaratoria vinculada a un desastre natural generó suspicacias entre distintos sectores políticos sobre las verdaderas prioridades del paquete de medidas.
Para las comunidades afectadas por terremotos en Colombia, la atención inmediata suele concentrarse en necesidades muy concretas: vivienda temporal, reconstrucción de infraestructura vial y de servicios públicos, atención médica de urgencia y apoyo económico para quienes perdieron sus hogares o su sustento. La discusión que plantea Corcho remite justamente a si los recursos y facultades extraordinarias del Estado se están canalizando hacia esas prioridades o si terminan dispersándose en proyectos de otra naturaleza.
El pedido de la senadora también se inserta en una dinámica más amplia de tensión entre el oficialismo y distintos sectores del Congreso respecto al uso de las facultades presidenciales durante estados de excepción. Este tipo de controles políticos resultan relevantes no solo para la transparencia en el manejo de fondos públicos, sino también para la comunidad en general, que espera que la emergencia se traduzca en soluciones tangibles para quienes perdieron sus viviendas o sufrieron daños materiales por el sismo.
Hasta el momento, no se ha informado si el Gobierno nacional dará curso a la solicitud de sesiones descentralizadas planteada por Corcho, ni se conocen mayores precisiones sobre el alcance final del proyecto de megacárceles incluido en el decreto de emergencia. La discusión promete continuar en las próximas semanas, en medio del proceso de evaluación de daños y de la implementación de las medidas de asistencia a las zonas afectadas por el terremoto.
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