Hospitales públicos del sur del conurbano bonaerense empezarán a cobrarle a los extranjeros sin residencia
Varios centros de salud nacionales ubicados en el sur del Gran Buenos Aires adoptarán una resolución del Ministerio de Salud que dispone el cobro de la atención médica no urgente a pacientes extranjeros que no tengan residencia en Argentina.
Un grupo de hospitales nacionales emplazados en el sur del Gran Buenos Aires comenzará a aplicar una medida que cambia las reglas de acceso a la salud pública para quienes no son argentinos ni tienen residencia legal en el país. La decisión se enmarca en una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que habilita a los centros asistenciales a cobrar por determinadas prestaciones.
La medida está dirigida exclusivamente a la atención no urgente, es decir, consultas, estudios y tratamientos programados que no revistan riesgo de vida inmediato. Las urgencias y emergencias médicas seguirán siendo atendidas sin cargo, tal como establece la legislación sanitaria vigente en Argentina, que garantiza la atención de casos graves independientemente del origen o la situación migratoria del paciente.
El requisito central para que se aplique el cobro es que la persona no tenga residencia en el territorio argentino. Esto significa que los extranjeros que viven de manera regular en el país, con su documentación en trámite o ya otorgada, no se verían afectados por esta disposición, que apunta específicamente a quienes ingresan al sistema de salud sin un vínculo de residencia estable.
La adhesión de estos hospitales del sur del conurbano bonaerense se da en un contexto en el que distintos efectores de salud pública de todo el país fueron evaluando cómo instrumentar la resolución ministerial. Al tratarse de establecimientos de gestión nacional, la decisión de sumarse a este esquema de cobro implica una definición administrativa puntual sobre cómo se ordenan los circuitos de atención y facturación hacia pacientes extranjeros.
Para entender el alcance de esta política resulta útil recordar que la salud pública argentina se organiza en tres niveles: nacional, provincial y municipal, con hospitales que dependen de cada jurisdicción. Históricamente, el sistema público de salud del país se caracterizó por ofrecer atención gratuita y universal, sin distinción de nacionalidad, lo que convirtió a la Argentina en un destino habitual para pacientes de países limítrofes que buscan tratamientos médicos.
Este debate no es nuevo: en los últimos años, distintas gestiones nacionales y provinciales discutieron la posibilidad de cobrar servicios de salud y educación a extranjeros no residentes, como parte de un planteo más amplio sobre el uso de recursos públicos y el llamado 'turismo de salud'. Quienes defienden estas medidas argumentan que buscan aliviar la presión sobre hospitales con recursos limitados y garantizar que el sistema priorice a la población residente.
En paralelo, distintas organizaciones sociales y especialistas en salud pública advierten sobre los riesgos de este tipo de restricciones, ya que podrían desalentar consultas médicas necesarias entre poblaciones migrantes, incluso en casos que podrían derivar en complicaciones si no se atienden a tiempo. También se señala la dificultad práctica de determinar con precisión la condición migratoria de cada paciente en el momento de la consulta.
Para la comunidad latinoamericana que circula entre distintos países de la región, incluyendo a quienes se trasladan temporalmente a Argentina por tratamientos médicos, esta clase de medidas puede implicar un cambio significativo en la planificación de sus traslados y gastos. En zonas fronterizas o de alto tránsito migratorio, como buena parte del sur del conurbano bonaerense, el impacto de estas resoluciones suele sentirse con mayor intensidad debido al volumen de pacientes extranjeros que utilizan los servicios locales.
Por el momento, no se informaron precisiones sobre los montos que se cobrarán por las distintas prestaciones no urgentes, ni sobre los mecanismos de verificación que utilizarán los hospitales para determinar la condición de residencia de cada paciente. Se espera que en las próximas semanas los propios centros de salud y las autoridades sanitarias nacionales brinden mayores detalles sobre la implementación concreta de la resolución en cada establecimiento adherido.
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