Nuevas pruebas ocultas por el FBI reavivan las dudas sobre el saudita señalado en los ataques del 11-S
Documentos y fotografías que la agencia federal nunca hizo públicos ponen en tela de juicio la versión de inocencia que Omar al-Bayoumi sostuvo durante un cuarto de siglo, en el marco de una demanda multimillonaria contra Arabia Saudita.
Durante casi 25 años, Omar al-Bayoumi repitió la misma versión: que su encuentro con dos de los futuros secuestradores del 11 de septiembre de 2001 fue pura coincidencia. Ahora, material que el FBI mantuvo fuera del expediente público —incluidas fotografías y otros registros— reabre las dudas sobre esa historia y sobre el rol que este ciudadano saudita pudo haber jugado en los preparativos del atentado más letal en suelo estadounidense.
El caso vuelve a primer plano en el marco de una demanda civil multimillonaria que familiares de las víctimas del 11-S mantienen contra el Reino de Arabia Saudita, a quien acusan de haber financiado, aunque sea indirectamente, a la red que ejecutó los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Al-Bayoumi es una de las figuras centrales de ese litigio, que se tramita en tribunales de Nueva York desde hace más de dos décadas.
Según la reconstrucción periodística de la BBC Mundo, el hombre —que trabajaba oficialmente para la aviación civil saudita en California— habría tenido contacto directo con Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, dos de los cinco secuestradores del vuelo que impactó contra el Pentágono, poco después de que ambos llegaran a Estados Unidos. Al-Bayoumi siempre sostuvo que ese encuentro fue casual, en un restaurante de Los Ángeles, y que su ayuda posterior para instalarlos en San Diego fue un simple gesto de hospitalidad hacia otros musulmanes.
El material que ahora resurge, y que el FBI nunca incorporó formalmente al expediente compartido con los demandantes, incluiría imágenes que contradicen la cronología y el nivel de familiaridad que al-Bayoumi describió ante investigadores. Estos elementos alimentan la hipótesis, sostenida desde hace años por algunos investigadores y por familiares de víctimas, de que su presencia junto a los secuestradores no fue producto del azar sino parte de una red de apoyo logístico más amplia.
Para entender por qué este caso sigue vivo casi un cuarto de siglo después, hay que recordar que los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron cerca de tres mil muertos y marcaron un antes y un después en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos. Quince de los diecinueve secuestradores eran ciudadanos sauditas, un dato que desde el primer momento puso a Riad bajo sospecha, pese a que el gobierno saudita negó siempre cualquier vínculo institucional con los ataques.
La demanda civil que enfrenta hoy a Arabia Saudita con las familias de las víctimas se apoya justamente en la idea de que ciertos funcionarios o personas vinculadas al Estado saudita, incluso sin una orden expresa de sus autoridades, habrían facilitado apoyo financiero y logístico a los futuros secuestradores en su etapa de instalación en Estados Unidos. Durante años, buena parte de la documentación que podría probar o descartar esa conexión permaneció clasificada, lo que generó un intenso reclamo de las familias y de organizaciones de víctimas para su desclasificación.
Ese reclamo tuvo eco político: en 2021, el gobierno de Joe Biden ordenó la desclasificación parcial de documentos del FBI vinculados a la investigación, tras años de presión de familiares que llegaron a condicionar la participación del entonces presidente en actos conmemorativos del atentado. Sin embargo, activistas y abogados de las víctimas insisten en que buena parte del material sigue sin ver la luz, lo que dificulta establecer con precisión el rol de al-Bayoumi y de otros posibles colaboradores.
El caso también resuena en la comunidad árabe y musulmana en Estados Unidos, que durante años debió lidiar con el estigma y el escrutinio derivado de los atentados, incluso entre quienes no tuvieron relación alguna con el terrorismo. Cada nueva revelación sobre posibles vínculos sauditas reabre un debate sensible sobre responsabilidad institucional, seguridad nacional y las relaciones diplomáticas entre Washington y Riad, un vínculo estratégico clave en materia energética y militar que ha sobrevivido a distintas crisis políticas.
Por ahora, ni el FBI ni el gobierno saudita se han pronunciado formalmente sobre este nuevo material, y Omar al-Bayoumi —cuyo paradero actual no ha sido confirmado públicamente— no ha respondido a los señalamientos recientes. El desenlace de la demanda civil, que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de Estados extranjeros en actos terroristas cometidos en suelo estadounidense, sigue pendiente en los tribunales de Nueva York.
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