Perú declara emergencia en cinco penales de máxima peligrosidad para frenar el crimen desde las celdas
La presidenta Keiko Fujimori dispuso 60 días de estado de emergencia en cinco cárceles peruanas con el fin de detectar y decomisar teléfonos celulares usados por reclusos para dirigir delitos desde el interior de los penales.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, oficializó la declaración de estado de emergencia por un período de 60 días en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad. La medida busca combatir un problema que preocupa desde hace años a las autoridades: la organización de delitos graves desde el interior de las cárceles del país.
El corazón de la disposición apunta a un objetivo puntual: el ingreso y uso de teléfonos celulares dentro de los penales. Según la información difundida, estos dispositivos son utilizados por internos para coordinar extorsiones, secuestros y otros crímenes que se ejecutan fuera de los muros carcelarios, muchas veces con la colaboración de cómplices en libertad.
Para llevar adelante esta ofensiva, el gobierno peruano anunció el despliegue de operaciones de inteligencia dentro de los cinco centros penitenciarios alcanzados por la medida. El objetivo es identificar con precisión los puntos de ingreso de los celulares, así como a los responsables de introducirlos, para luego proceder a su retiro sistemático.
El estado de emergencia otorga a las fuerzas de seguridad y a las autoridades penitenciarias facultades ampliadas para actuar con mayor rapidez dentro de los establecimientos, algo que en condiciones normales suele estar sujeto a procedimientos más lentos y burocráticos. Esa celeridad es clave, señalan los especialistas en seguridad penitenciaria, porque las redes criminales suelen reorganizarse apenas detectan un operativo en marcha.
El fenómeno de la delincuencia dirigida desde las cárceles no es exclusivo de Perú: en varios países de América Latina, desde México hasta Venezuela, las prisiones se han convertido en centros de operaciones de bandas criminales que, gracias a la corrupción de funcionarios o a fallas de control, logran mantener comunicación con el exterior. La extorsión telefónica a comerciantes, transportistas y familias es una de las modalidades más extendidas en la región.
En el caso peruano, la extorsión y el sicariato coordinados desde las cárceles se convirtieron en un tema de agenda pública en los últimos años, en paralelo al aumento de la inseguridad ciudadana percibida en Lima y otras ciudades. Esa preocupación social presiona a los gobiernos de turno a mostrar resultados concretos y medidas de mano dura, como la que ahora se implementa.
Para la comunidad de origen peruano en Estados Unidos, que mantiene fuertes lazos familiares y económicos con su país de origen, este tipo de anuncios tiene un peso particular: buena parte de las extorsiones que afectan a comercios y familias en Perú involucran además llamadas o mensajes dirigidos a parientes que residen en el exterior, a quienes se les exige dinero bajo amenaza.
La implementación de controles más estrictos sobre el uso de celulares en las cárceles también reabre el debate sobre las condiciones de infraestructura y vigilancia en el sistema penitenciario peruano, marcado históricamente por el hacinamiento y la escasez de recursos para un control efectivo. Analistas coinciden en que sin bloqueadores de señal y tecnología de detección permanente, los operativos puntuales suelen tener un efecto temporal.
El corresponsal Francisco Zacarías, desde Lima, será quien amplíe los detalles de esta medida y su implementación en los próximos días, en momentos en que el gobierno busca mostrar avances concretos en su estrategia de seguridad ciudadana.
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