Perú decreta emergencia en cinco cárceles por 60 días para frenar al crimen organizado
El Gobierno peruano estableció un régimen de excepción en cinco penales del país como parte de una estrategia para contener la influencia de organizaciones criminales dentro de las prisiones.
El Gobierno de Perú anunció la declaración de un estado de emergencia por un plazo de 60 días en cinco centros penitenciarios del país, una medida que busca frenar el avance del crimen organizado dentro de las cárceles y recuperar el control efectivo de estos espacios.
La disposición alcanza a los penales de Challapalca, ubicado en la región de Tacna y conocido por estar a más de 4.600 metros de altura; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro, uno de los establecimientos más grandes y de mayor complejidad de Lima; Ancón I, también en la capital; y Trujillo Varones, en la región La Libertad, zona que en los últimos años ha registrado un fuerte incremento de la violencia vinculada a bandas criminales.
Durante el período de excepción, las autoridades penitenciarias y de seguridad quedan facultadas para reforzar los controles internos, restringir determinados derechos y movimientos, e intervenir con mayor margen de acción ante cualquier indicio de organización delictiva que opere desde el interior de los penales. Este tipo de medidas suele habilitar despliegues especiales de personal policial y militar en los perímetros y accesos de los establecimientos.
La decisión se enmarca en una preocupación creciente de las autoridades peruanas por la capacidad que han demostrado tener ciertas bandas criminales para seguir operando y coordinando actividades ilícitas incluso mientras sus líderes permanecen detenidos. Casos de extorsión, sicariato y tráfico de drogas dirigidos desde el interior de cárceles se han vuelto un fenómeno recurrente en la región.
El problema de la gobernabilidad carcelaria no es exclusivo de Perú: en distintos países de América Latina, los sistemas penitenciarios enfrentan una sobrepoblación crónica, escasez de personal de seguridad y una infraestructura deteriorada, condiciones que facilitan que estructuras criminales mantengan el control de pabellones enteros y usen las prisiones como centros de operaciones.
Este contexto también repercute en la comunidad latina que vive en Estados Unidos, ya que buena parte de las migraciones recientes desde países como Perú, Venezuela, Ecuador o Colombia están vinculadas, entre otros factores, a la inseguridad y la violencia asociada al crimen organizado. La forma en que los gobiernos de origen enfrentan a estas bandas incide directamente en las decisiones de miles de personas que evalúan emigrar.
Las declaratorias de emergencia en penales no son una herramienta nueva en Perú: en los últimos años, el país ha recurrido a este mecanismo en distintas ocasiones para tratar de reducir motines, fugas y la influencia de cabecillas de organizaciones criminales que continúan dando órdenes desde su celda, muchas veces con la ayuda de teléfonos celulares ingresados de forma irregular.
La elección de estos cinco penales en particular no parece casual: combina establecimientos de máxima seguridad como Challapalca y Miguel Castro Castro, históricamente utilizados para alojar a los internos considerados de mayor peligrosidad, con centros ubicados en regiones donde la violencia vinculada a extorsiones y disputas territoriales entre bandas ha crecido de forma sostenida, como ocurre en Trujillo.
Se espera que en las próximas semanas las autoridades peruanas brinden más detalles sobre las acciones concretas que se implementarán en cada uno de los penales durante los 60 días que dure la medida, así como eventuales evaluaciones sobre su efectividad y la posibilidad de extenderla si la situación de seguridad interna no mejora.
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