Pese a orden judicial de disculparse, De la Espriella insiste con jornada de oración tras el terremoto en Colombia
El funcionario mantiene la convocatoria a una "Gran Velatón" en la Plaza de Bolívar, pese a que un juez lo obligó a pedir perdón por mezclar un acto religioso con su rol institucional.
La controversia en torno a Abelardo de la Espriella volvió a escalar luego de que, pese a una orden judicial que lo obligaba a disculparse públicamente por convocar un acto religioso desde su cargo, decidiera mantener en pie la convocatoria a una jornada nacional de oración. La iniciativa, bautizada como la 'Gran Velatón', busca reunir a la ciudadanía en un gesto de solidaridad tras el reciente terremoto que sacudió a Colombia y dejó víctimas y familias afectadas en distintas regiones del país.
El mensaje que confirmó la continuidad del evento fue emitido la mañana del viernes 28 de agosto desde la cuenta oficial de Presidencia de la República en la red social X. Allí se invitó a la población a 'unirse en solidaridad y respeto' en un acto central que se realizará en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá, con inicio previsto para las 6:00 p. m. de ese mismo día.
La decisión de sostener la convocatoria, a pesar del fallo judicial que exigía una rectificación pública, profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial en torno a los límites entre la función pública y las expresiones religiosas. La resolución judicial había señalado que la organización de un acto de connotación religiosa desde una cuenta institucional del Estado podía interpretarse como una vulneración al principio de laicidad que rige la administración pública en Colombia.
El terremoto que motivó la convocatoria golpeó a distintas comunidades del país, generando pérdidas humanas y materiales que aún están siendo evaluadas por las autoridades locales. En ese contexto, la 'Gran Velatón' fue presentada por sus promotores como un espacio de acompañamiento espiritual y comunitario, orientado a brindar contención a quienes perdieron familiares, viviendas o medios de vida a causa del desastre natural.
Para comprender la magnitud de la polémica, es importante recordar que Colombia, como la mayoría de los países latinoamericanos, tiene una Constitución que consagra la libertad de cultos y, al mismo tiempo, establece un Estado laico desde la reforma constitucional de 1991. Esto implica que, si bien los funcionarios públicos pueden profesar libremente sus creencias en el ámbito privado, el uso de canales oficiales del Estado para promover actividades religiosas específicas suele generar debates jurídicos sobre los límites entre la fe personal y el ejercicio del cargo.
Este tipo de tensiones no son exclusivas de Colombia. En Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad latina ha sido testigo de debates similares cuando figuras públicas o funcionarios electos incorporan elementos religiosos en actos oficiales, lo que reabre periódicamente la discusión sobre la separación entre Iglesia y Estado, un principio fundacional del sistema político estadounidense pero que en la práctica genera constantes zonas grises, especialmente en comunidades hispanas donde la fe católica y evangélica tiene un peso social y cultural muy fuerte.
La resistencia a cumplir con una orden judicial también añade un componente adicional a la controversia, ya que pone en discusión el respeto a las decisiones del poder judicial por parte de funcionarios del más alto nivel. En sistemas democráticos, el acatamiento de los fallos judiciales por parte de las autoridades públicas es considerado un pilar de la institucionalidad, por lo que cualquier señal de desacato o resistencia suele generar preocupación entre analistas y organizaciones de la sociedad civil que vigilan el equilibrio de poderes.
Mientras tanto, la convocatoria a la 'Gran Velatón' sigue circulando en redes sociales y medios locales, generando reacciones divididas entre quienes consideran que se trata de un gesto legítimo de acompañamiento a las víctimas del sismo y quienes ven en el acto una nueva manifestación de la disputa entre el gobierno y la justicia. La cita en la Plaza de Bolívar, un espacio históricamente cargado de simbolismo político y religioso en Bogotá, promete convertirse en un nuevo capítulo de esta polémica que combina emergencia humanitaria, creencias religiosas y disputas institucionales.
Por el momento, no se ha informado si existirán nuevas acciones legales derivadas del incumplimiento de la orden judicial de disculparse, ni si organizaciones civiles o representantes de otros cultos presentarán objeciones formales ante la realización del evento. La situación mantiene expectante tanto a sectores religiosos como a juristas, que seguirán de cerca el desenlace de este episodio en los próximos días.
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