Sedapal alerta sobre riesgo de desabastecimiento de agua para 4 de cada 10 limeños ante un sismo severo
La empresa estatal advirtió que un terremoto de gran magnitud podría afectar la planta La Atarjea, principal fuente de agua potable de Lima y Callao, dejando sin el servicio a cerca del 40% de la población.
La empresa de agua potable de la capital peruana, Sedapal, encendió las alarmas al advertir que un sismo de gran magnitud podría dejar sin suministro de agua a aproximadamente el 40% de la población de Lima y Callao. El diagnóstico apunta directamente a la infraestructura de la planta de tratamiento La Atarjea, que abastece a millones de personas en la región metropolitana más poblada del país.
Según el reporte, La Atarjea opera desde 1956, lo que la convierte en una instalación con más de seis décadas de funcionamiento continuo. Su antigüedad, sumada a las condiciones sísmicas propias de la costa peruana, la ubica entre las infraestructuras críticas que requieren intervención urgente para garantizar la continuidad del servicio ante una eventual catástrofe natural.
Uno de los puntos más sensibles señalados por la empresa estatal tiene que ver con las tuberías de distribución, cuya vulnerabilidad estructural podría provocar rupturas masivas en caso de un movimiento telúrico de gran intensidad. A esto se suma que Sedapal todavía tiene pendiente la renovación de equipos clave que serían indispensables para una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia de esta magnitud.
Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, producto del choque entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Los especialistas en gestión de riesgos vienen advirtiendo desde hace años sobre la posibilidad de un terremoto de gran magnitud en la costa central peruana, una región que no experimenta un sismo de proporciones similares al de 1746 desde hace casi tres siglos.
La infraestructura de servicios básicos en las grandes ciudades latinoamericanas suele ser uno de los puntos más frágiles frente a desastres naturales, ya que muchas plantas de tratamiento, redes eléctricas y sistemas de distribución fueron construidos hace décadas, sin contemplar los estándares sismorresistentes actuales. Lima, con más de 10 millones de habitantes en su área metropolitana, concentra buena parte de la actividad económica y política del país, lo que agrava el impacto potencial de cualquier interrupción prolongada en servicios esenciales como el agua potable.
La preocupación por la resiliencia de la infraestructura urbana no es exclusiva de Perú: en toda la región, gobiernos y organismos multilaterales han comenzado a destinar mayores recursos a la modernización de sistemas hídricos y energéticos, conscientes de que la falta de inversión preventiva suele traducirse en crisis humanitarias y económicas mucho más costosas tras un desastre. Empresas de agua en ciudades como Ciudad de México, Santiago o San José también enfrentan desafíos similares por la antigüedad de sus redes.
Para la comunidad de peruanos residentes en Estados Unidos, que mantiene fuertes lazos familiares y económicos con Lima y otras ciudades del país, este tipo de advertencias institucionales suele generar preocupación adicional, dado que muchos envían remesas y mantienen contacto constante con familiares que dependen de servicios básicos estables. Un colapso en el suministro de agua en la capital tendría un efecto directo sobre la vida cotidiana de millones de personas y, por extensión, sobre quienes desde el exterior siguen de cerca la situación de sus seres queridos.
Frente a este panorama, Sedapal deberá definir un plan de acción que contemple tanto la modernización de la planta La Atarjea como la adquisición de equipos de emergencia que permitan una reacción más ágil en caso de que ocurra el escenario sísmico proyectado. La empresa no detalló, hasta el momento, un cronograma específico ni el monto de inversión necesario para abordar estas vulnerabilidades identificadas.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la planificación urbana y la inversión en infraestructura crítica en las capitales latinoamericanas, donde el crecimiento demográfico acelerado de las últimas décadas muchas veces superó la capacidad de actualización de los servicios básicos. La sostenibilidad del suministro de agua, en particular, se ha convertido en un tema prioritario para gobiernos locales que buscan anticiparse a escenarios de riesgo cada vez más frecuentes.
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