Terremotos en Venezuela: la advertencia de una experta sobre una reconstrucción que excede a las ONG
La especialista en gestión de desastres Susana Raffalli sostiene que la magnitud de los daños tras los sismos requiere una respuesta estatal de gran escala, imposible de cubrir solo con organizaciones humanitarias y voluntarios.
Una serie de terremotos sacudió recientemente a Venezuela, dejando daños materiales que, según especialistas, superan ampliamente la capacidad de respuesta de las organizaciones no gubernamentales que tradicionalmente cubren los vacíos dejados por el Estado en el país. La nutricionista y experta en gestión de riesgos Susana Raffalli, una de las voces más consultadas en materia de emergencias humanitarias venezolanas, advirtió que la reconstrucción demandará una escala de recursos y coordinación que excede por completo lo que puede aportar el trabajo voluntario o asistencial.
Raffalli, con una trayectoria de décadas documentando crisis humanitarias en Venezuela, fue tajante al señalar que la magnitud del daño estructural no puede ser abordada por ONG ni por brigadas de voluntarios, por más buena voluntad y capacidad logística que estas tengan. Su diagnóstico apunta a que se necesita una respuesta de carácter estatal, con financiamiento sostenido, planificación técnica y capacidad de ejecución a gran escala, algo que hasta el momento no parece estar garantizado.
El planteo de la experta pone el foco en un problema recurrente en Venezuela: la brecha entre las necesidades reales de la población tras un desastre natural y la capacidad efectiva de respuesta institucional. Durante años, organizaciones humanitarias locales e internacionales han asumido funciones que en otros países corresponden a agencias estatales de emergencia, desde la distribución de alimentos hasta la reconstrucción de viviendas, en un contexto de recursos públicos limitados.
Para entender la magnitud del desafío que describe Raffalli, es necesario recordar el estado previo de la infraestructura venezolana. Años de crisis económica, la caída sostenida de la inversión pública y el deterioro de servicios básicos como el eléctrico y el de agua potable dejaron al país con una infraestructura ya vulnerable antes de cualquier evento sísmico. Esa fragilidad estructural amplifica el impacto de cualquier catástrofe natural, incluso cuando esta no alcanza magnitudes extraordinarias.
La gestión de desastres naturales en América Latina enfrenta desafíos comunes, pero Venezuela presenta particularidades: la falta de datos actualizados sobre infraestructura crítica, la escasez de fondos de contingencia y la debilidad de organismos técnicos especializados dificultan cualquier plan de reconstrucción de mediano plazo. En ese escenario, expertos como Raffalli insisten en que la respuesta no puede depender de la improvisación ni de la buena voluntad de actores externos.
El rol de las ONG en Venezuela ha sido, durante los últimos años, decisivo para sostener necesidades básicas de millones de personas, desde asistencia alimentaria hasta apoyo médico. Sin embargo, esa misma dependencia del sector humanitario evidencia las limitaciones estructurales del Estado para responder ante emergencias de gran escala, un punto que Raffalli busca visibilizar para evitar que la reconstrucción postsismo se aborde con el mismo esquema de parches que ha caracterizado la respuesta a otras crisis.
La diáspora venezolana, con importante presencia en Estados Unidos y en distintos países de la región, sigue de cerca este tipo de eventos con particular sensibilidad, ya que muchos mantienen vínculos familiares y patrimoniales en el país. Comunidades venezolanas en Miami, Houston y otras ciudades estadounidenses suelen movilizar ayuda y donaciones ante este tipo de emergencias, aunque expertos coinciden en que ese esfuerzo, por generoso que sea, no sustituye una política pública de reconstrucción.
El planteo de Raffalli también invita a reflexionar sobre cómo se financian históricamente las reconstrucciones tras desastres naturales en la región: mediante créditos multilaterales, cooperación internacional y fondos de organismos como el Banco Mundial o el BID. En el caso venezolano, las sanciones internacionales y las tensiones diplomáticas de los últimos años han complicado el acceso a ciertas líneas de financiamiento que en otros contextos agilizarían la recuperación de infraestructura.
La advertencia de la experta funciona, en definitiva, como un llamado de atención sobre la necesidad de escalar la respuesta institucional más allá de la asistencia inmediata. La pregunta que queda planteada es si el Estado venezolano cuenta con la capacidad —y la voluntad política— de asumir un plan de reconstrucción de la magnitud que la situación exige, o si, una vez más, el peso recaerá sobre organizaciones humanitarias que ya operan al límite de sus recursos.
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