Un médico incapacitado por covid demandó a Sanidad por falta de protección y perdió el juicio
La Justicia rechazó el reclamo de indemnización de un profesional que quedó con incapacidad permanente absoluta tras contagiarse de coronavirus, al considerar que el centro de salud actuó correctamente dentro de las circunstancias extraordinarias de la pandemia.
Un tribunal desestimó la demanda presentada por un médico que quedó con incapacidad permanente absoluta luego de contagiarse de covid-19 mientras trabajaba en un centro de salud. El profesional había solicitado una indemnización al sistema de Sanidad, al considerar que la institución no le había provisto el equipo de protección adecuado durante los primeros meses de la pandemia.
Según el fallo judicial, los jueces entendieron que el centro de salud actuó de manera razonable dado el contexto excepcional que se vivía en ese momento. La escasez global de insumos médicos, sumada a la falta de protocolos claros al inicio de la emergencia sanitaria, llevó a los magistrados a concluir que la institución hizo todo lo que pudo con los recursos disponibles.
El caso pone nuevamente sobre la mesa uno de los debates más álgidos que dejó la pandemia: la responsabilidad de los sistemas de salud frente al personal médico que se expuso al virus en condiciones de extrema incertidumbre. Miles de trabajadores sanitarios en todo el mundo enfrentaron los primeros meses de la crisis sin mascarillas N95, batas impermeables ni protocolos de bioseguridad consolidados.
Este tipo de litigios no es un fenómeno aislado. Desde 2020, distintos tribunales en España, Estados Unidos y América Latina han recibido demandas similares de médicos, enfermeros y personal de salud que exigen reparación económica por secuelas físicas derivadas del contagio en su lugar de trabajo. La mayoría de estos casos plantea la misma pregunta de fondo: ¿hasta qué punto un empleador es responsable de una crisis sanitaria sin precedentes?
Para la comunidad latina en Estados Unidos, este debate tiene una resonancia particular. Numerosos estudios señalaron que los trabajadores de salud de origen hispano estuvieron sobrerrepresentados entre el personal de primera línea durante los peores momentos de la pandemia, muchos de ellos en roles de menor jerarquía y con menor acceso a equipos de protección personal. Esa realidad generó una ola de reclamos laborales y demandas que, en muchos casos, todavía siguen sin resolución definitiva en los tribunales.
En el caso resuelto ahora, la incapacidad permanente absoluta implica que el médico no puede desempeñar ningún tipo de actividad laboral remunerada debido a las secuelas que le dejó la enfermedad. Este grado de incapacidad es el más severo dentro de las categorías que contemplan los sistemas de seguridad social, y suele derivar en el pago de una pensión, aunque no necesariamente en una indemnización adicional por responsabilidad patrimonial.
La decisión judicial diferencia dos cuestiones legales distintas: por un lado, el reconocimiento de la incapacidad, que ya había sido otorgado; y por otro, la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria por presunta negligencia en la provisión de equipos, que fue lo que finalmente rechazaron los jueces en esta instancia.
El fallo se suma a una serie de resoluciones judiciales que, en distintos países, han optado por eximir de responsabilidad a las instituciones sanitarias durante los primeros meses de la pandemia, argumentando la imposibilidad material de garantizar recursos que en ese momento escaseaban a nivel mundial. Sin embargo, organizaciones de defensa de trabajadores de la salud continúan cuestionando estos criterios, al considerar que minimizan la falta de planificación previa ante emergencias sanitarias.
El caso también reabre la discusión sobre qué mecanismos de compensación deberían existir para el personal médico que arriesgó su salud en el cumplimiento de su labor durante la crisis del coronavirus, un debate que sigue vigente casi cinco años después del inicio de la pandemia y que probablemente continuará dando lugar a nuevos litigios en distintas jurisdicciones.
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