Procuraduría de Colombia investiga a 13 exfuncionarios del gobierno Petro por la crisis de la Nueva EPS
El ente de control pidió indagar a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, entre ellos el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntas irregularidades vinculadas al colapso financiero de la aseguradora de salud más grande del país.
La Procuraduría General de la Nación de Colombia solicitó formalmente investigar a 13 exfuncionarios que se desempeñaron durante la administración del presidente Gustavo Petro, señalados por presuntas irregularidades en la gestión y supervisión de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud que atiende a millones de colombianos y que atraviesa una severa crisis financiera.
Entre los mencionados en la solicitud disciplinaria figura el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estuvo al frente de la cartera sanitaria durante buena parte del mandato de Petro y bajo cuya gestión se profundizaron las tensiones entre el gobierno y el sistema de aseguradoras privadas de salud, conocidas en Colombia como EPS.
También aparecen en la lista Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y Jorge Iván Ospina Gómez, exalcalde de Cali, ambos figuras políticas de peso dentro del espectro progresista colombiano y con roles que, según la Procuraduría, ameritan revisión por su posible incidencia en el manejo institucional de la entidad de salud.
El objetivo de la investigación es determinar si la actuación de estos exfuncionarios, en su rol de rectoría y control del sistema de salud, contribuyó de manera directa o indirecta al deterioro financiero que hoy enfrenta la Nueva EPS, una de las aseguradoras con mayor número de afiliados en el país y que ha sido intervenida por el Estado en los últimos años.
La Nueva EPS surgió como una entidad de participación mixta, con capital estatal mayoritario, tras la liquidación de otras aseguradoras que colapsaron en décadas anteriores. Su tamaño y su rol como receptora de una gran cantidad de usuarios trasladados desde EPS quebradas la convirtieron en una pieza clave del sistema de salud colombiano, lo que explica por qué su estabilidad financiera es motivo de preocupación nacional.
El sistema de salud colombiano, basado en un modelo mixto de aseguradoras públicas y privadas, ha estado en el centro del debate político desde el inicio del gobierno de Petro, que impulsó una reforma estructural para modificar el rol de las EPS y ampliar el control estatal sobre el sistema. Esa reforma no logró aprobarse en el Congreso en los términos originales, pero derivó en intervenciones administrativas y en un clima de tensión permanente entre el Ejecutivo y el sector asegurador.
En ese contexto, varias EPS del país, incluida la Nueva EPS, fueron intervenidas por la Superintendencia de Salud alegando riesgos financieros y operativos, lo que generó alarma entre pacientes, gremios médicos y analistas sobre la continuidad en la prestación de servicios a millones de afiliados.
Para la comunidad latina en Estados Unidos, y en particular para la diáspora colombiana, este tipo de crisis institucionales resuena como un recordatorio de las dificultades estructurales que atraviesan los sistemas de salud pública en la región, un factor que muchas veces figura entre las razones de la migración hacia Estados Unidos en busca de mayor estabilidad económica y acceso a servicios médicos.
La investigación de la Procuraduría se suma a otros frentes de control fiscal y disciplinario que ya venían siguiendo de cerca la situación financiera de la Nueva EPS, en momentos en que el gobierno de Petro enfrenta cuestionamientos crecientes sobre el manejo de instituciones estratégicas del Estado durante los últimos años de su mandato.
El proceso disciplinario recién comienza y deberá establecer responsabilidades individuales antes de derivar en eventuales sanciones, en un trámite que en Colombia suele extenderse por varios meses y que será observado de cerca tanto por el oficialismo como por la oposición en medio del clima preelectoral que atraviesa el país.
